Libertad de Elegir

El Código Penal Federal en su título séptimo sobre los Delitos contra la Salud, reconoce como delito el producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar (aún gratuitamente) o prescribir alguno o varios de los narcóticos señalados en la Ley General de Salud. En el marco de la Ley General de Salud, los legisladores han elaborado una lista de las sustancias prohibidas. En realidad, la actual legislación mexicana no reconoce como un delito el consumir cualquiera de dichas sustancias prohibidas. Es decir, las drogas no se pueden producir, poseer, distribuir o vender, pero sí se pueden consumir. Entonces, podemos afirmar que el Estado mexicano reconoce la absoluta libertad de los individuos para consumir las sustancias que ellos quieran consumir. Obviamente esta inferencia sería muy inocente e ingenua de nuestra parte pues, si está prohibido intercambiar esas sustancias ¿cómo habría un individuo de conseguirlas? Evidentemente la única manera de conseguirlas sería produciéndolas él mismo, lo cual, una vez más, representaría un delito federal. Tras estos pertinentes acotamientos, podemos, ahora sí, afirmar que los legisladores mexicanos han instalado una política prohibicionista para el consumo de drogas como la marihuana, el peyote, la cocaína, la heroína, entre otras. Es decir, las actuales leyes limitan la libertad de los mexicanos a consumir las sustancias que ellos deseen, independientemente de si son consideradas peligrosas o no. Veamos qué tan válido o inválido es esto.

¿Alguna persona o institución/organización tiene el poder de prohibirnos hacer algo? La respuesta es sí. Hay una entidad que reconocemos como Estado a la que le hemos confiado la tarea de prohibir y castigar. Esta entidad, es la única autorizada a prohibir cosas en contra de nuestra voluntad. Veamos por qué. Un patrón nos puede prohibir ingresar a "facebook" durante nuestras horas de trabajo, pero esto no va en contra de nuestra voluntad (ni libertad). En realidad, nosotros aprobamos esa prohibición pues decidimos renunciar a entrar a esa red social a cambio de mantener una relación laboral con el patrón. Es decir, en pleno ejercicio de nuestra libertad (y de mutuo acuerdo), decidimos mantener esa relación, con sus limitantes y beneficios. Sin embargo, las prohibiciones que aplica el Estado son aplicables para todos los que viven bajo ese pacto social. ¿Pacto social? La única razón por la que un Estado existe es porque los individuos se sentían desprotegidos ante el mal que el prójimo les pudiese causar. Sin un gobierno, mi vecino -más fuerte que yo- podría venir a mi casa, entrar y saquear mi caja fuerte llena de joyas y dólares sin enfrentar consecuencia alguna por este acto. Por esta razón, los individuos deciden unirse y renunciar a una parte de su trabajo (impuestos) a cambio de contar con un Estado vigilante de los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Es decir, queremos que el Estado nos garantice que el prójimo no nos quitará la vida, limitará nuestra libertad o lastimará nuestra propiedad y que, en caso de que lo hiciese, aquél recibirá una pena y a nosotros se nos resarcirá el daño en la medida de lo posible. Para que el Estado pueda garantizar esto, le hemos conferido el poder de crear y aplicar leyes que prohiban cosas como matar, robar, violar, esclavizar, es decir, que prohiba, mediante leyes, todas aquellas acciones que van en contra de los derechos naturales y fundamentales del hombre: a la vida, la libertad y la propiedad.

Ante esta exposición de hechos innegables surge la cuestión sobre si el Estado está ejerciendo su tarea legítima de cuidar nuestros derechos naturales al prohibir la producción, comercio y posesión -y por lo tanto consumo- de estas sustancias. Ya que el Estado es el único autorizado a prohibirnos algo en contra de nuestra voluntad y ya que le hemos conferido este poder, de común acuerdo, para que cuide nuestros derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, la pregunta es si esta prohibición de las drogas cuida nuestros derechos naturales. La respuesta es un rotundo NO. El drogarse, estar marihuano, o bajo el acelerante efecto de la cocaína no daña ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de nadie. Habrá quienes instantáneamente argumenten que la cocaína sí daña la vida del que la consume. Asumamos que esto sea cierto, de todos modos la prohibición es inválida pues "contratamos" al Estado para que nos proteja del daño que otros nos puedan hacer a nuestra persona y no del daño que otros, en pleno ejercicio de su libertad, se realicen a sí mismos. Decía uno de los pocos auténticos liberales mexicanos que "el respeto al derecho ajeno es la paz". ¿Está el gobierno respetando el derecho ajeno a ingerir las sustancias que se desee? No. Sin este respeto, no habrá paz. ¿Está el drogadicto atropellando el derecho ajeno al ingerir las sustancias que él quiere? No, entonces la intervención del gobierno en el asunto es ilegítima. Drogarse no es, por sí mismo, un acto que limite los derechos fundamentales de los demás y, por lo tanto, debe de ser despenalizado, autorizado y permitido en todos los niveles.
¿Hay mexicanos que prefieren que el gobierno "cuide de sus hijos", prohibiendo las drogas, en lugar de ellos mismos encargarse de ese cuidado? Sí. ¿Hay hombres que prefieren que el gobierno "cuide de ellos", prohibiendo las drogas, ante el inexistente riesgo de que alguien más se drogue (siempre en ejercicio de su libre albedrío)? Sí. ¿Los que no somos mediocres, flojos ni atenidos, estamos dispuestos a pagar (a través de nuestros impuestos) el free ride de esos mexicanos irresponsables y flojos hasta para cuidar a su propia descendencia? No todos. Se trata de proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad por sobre todas las otras cosas. Quiero un gobierno limitado, que me deje vivir y únicamente me proteja del daño que otros puedan hacerme, quiero un gobierno que deje de hacer cosas que nadie le encomendó (como otorgar créditos, subsidiar a las orquestas filarmónicas, explotar petróleo, garantizarme "seguridad social" o impartir educación gratuita), quiero una sociedad civil fuerte y que se autoregule, sean cuales sean las consecuencias de esto. Quiero libertad. Quiero libertad en los hechos. Son puras ideas libertarias, bien bien libres.